La Cucaracha

Vocero digital del Ejército de Pancho Villa

                                Not.16-Marzo-2016

SENTENCIA:

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCIÓN Nº 2 DE FRAGA

 

SENTENCIA  Nº  21/2016

 

 

Teléfono:

Fax:

 

N.I.G.:

 

Procedimiento origen:   /

Sobre  

DEMANDANTE,  DEMANDANTE D/ña.

Procurador/a Sr/a.

Abogado/a Sr/a.

DEMANDADO,  DEMANDADO D/ña.

Procurador/a Sr/a.

Abogado/a Sr/a.




SENTENCIA  Nº  21/2016

 

  En la ciudad de Fraga, a 15 de marzo de 2.016.

 

  Vistos por Don José María Galindo Clarimón, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Fraga, el procedimiento de juicio ordinario 263/2015  instado por el procurador Don Gonzalo Arranz Ballesteros,  en nombre y representación de Don Baltasar Sánchez Sánchez y Doña Pilar Isabel Sama Royes, asistidos por su letrado Don Diego Cremades Salinas,  contra la parte demandada, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón e Ibercaja Banco S.A., representada por su procuradora Sra. Casas, y asistida por su letrado,  Don Pedro Camarero, que sustituyó a Don José Mª Oliván Mata; se dictó la presente conforme a los siguientes:



ANTECEDENTES DE HECHO

 

  PRIMERO.- Con fecha 13 de noviembre de 2.015, se presentó en este Juzgado demanda de juicio ordinario por el procurador Don Gonzalo Arranz Ballesteros,  en nombre y representación de Don Baltasar Sánchez Sánchez y Doña Pilar Isabel Sama Royes,  contra la parte demandada, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón e Ibercaja Banco S.A., solicitando: “La Nulidad de la cláusula suelo inserta en los contratos de préstamo hipotecario firmados por los arriba demandantes, frente a Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón e Ibercaja Banco S.A. Admita la demanda a trámite, y previos los trámites oportunos, dicte Sentencia por la que acepte nuestras alegaciones y condene a las demandadas para que procedan a retirar de los préstamos hipotecarios de las demandantes la Cláusula denominada “instrumento de cobertura de interés”, denominadas comúnmente como Cláusula suelo. Así como condene a las demandadas que de forma solidaria procedan a la devolución de las cuantías cobradas indebidamente por aplicación de dicha cláusula desde el inicio de vigencia de los contratos. O en su caso condene a las demandas a reducir tales cantidades del capital principal objeto del préstamo firmado por las demandantes” (sic). Todo ello con expresa condena en costas a la parte demanda.

 

    Además, solicitaba mediante Otrosí, que se acordase como medida cautelar la suspensión de la aplicación de la cláusula cuya nulidad se interesaba en la demanda principal.

 

  SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, mediante Decreto de 10 de diciembre de 2.015, se abrió la oportuna pieza separada de medida cautelar, con traslado de la demanda y de su documentación a la parte demandada.

 

    La parte actora presentó el 17 de diciembre de 2.015 escrito renunciando parcialmente al cobro de las cantidades por ella consideradas indebidas desde el momento de la celebración del contrato, interesando “la condena a la entidad bancaria a la devolución de las cantidades cobradas indebidamente desde 9 de mayo de 2.013” (sic, página 118 de los autos).

 

  TERCERO.- La vista para resolver la medida cautelar interesada se celebró el 21 de enero de 2.015; y mediante Auto de 22 de enero de 2.016, se acordó la suspensión de la cláusula suelo-techo.

 

  CUARTO.- Mediante escrito de 14 de enero de 2.016, Ibercaja Banco S.A. contestó a la demanda, formulando oposición, e interesando que la demanda fuese íntegramente desestimada, con expresa imposición de las costas procesales a la parte actora, haciendo constar que dicha entidad se había fusionado con el Banco Grupo Caja 3 SAU, que a su vez asumió en bloque y por sucesión universal la totalidad de elementos patrimoniales de la Caja de Ahorros Inmaculada de Aragón.

 

  QUINTO.- Mediante Diligencia de Ordenación de 21 de enero de 2.016, se convocó a las partes a la celebración de la audiencia previa, que tuvo lugar 10 de febrero de 2.016.

 

  SEXTO.- A la misma, comparecieron ambas partes, con su respectiva representación legal. Al no llegar a un acuerdo, y no existiendo cuestiones procesales, se fijaron los hechos controvertidos, y las partes propusieron la prueba que tuvieron por conveniente, admitiéndose la pertinente para la resolución del pleito, con el resultado obrante en autos (página 248 y 249), fijándose fecha para el acto del juicio.

 

  SÉPTIMO.- El juicio tuvo lugar el 9 de marzo de 2.016, y tras la celebración de toda la prueba, quedaron los autos vistos para Sentencia.

 

  OCTAVO.- En el presente procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

  PRIMERO.- La parte actora ejercita la acción de nulidad de la cláusula que figura en la escritura de préstamo hipotecario de fecha 27 de marzo de 2.008 (documento 1 de la demanda, páginas 36 y 37 de los autos), y que textualmente establece:  “Instrumento de cobertura de tipo de interés: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo decimonoveno del R.D. 2/2003, de 25 de abril, sobre medidas de reforma económica, la CAJA ha ofrecido al prestatario los instrumentos de cobertura del riesgo de incremento de tipo de interés de los que actualmente dispone, habiendo optado el prestatario por contratar un instrumento de cobertura consistente en el establecimiento de límites de variabilidad del tipo de interés remuneratorio acordado en la presente escritura. A estos efectos, se fija el tipo de interés máximo en el 10’25  por ciento nominal anual y el tipo de interés mínimo en el 4’00 por ciento nominal anual. En consecuencia, los intereses remuneratorios del presente préstamo no podrán liquidarse a un tipo de interés superior o inferior a los tipos máximo o mínimo anteriormente indicados.”

 

  La parte actora destaca que es una cláusula no negociada individualmente; que se firmó en el marco de un contrato de préstamo con garantía hipotecaria  para la compra de su vivienda familiar, con lo que pone de relieve su condición de consumidora, al amparo de lo previsto en el artículo 3 de la Ley General de Consumidores y Usuarios. Destaca que es una cláusula abusiva, al amparo del artículo 82 de la citada Ley, puesto que no reúne las condiciones de transparencia exigibles para su válida inclusión en el contrato.

 

  Reclama por ello la nulidad de dicha cláusula, por existir un vicio invalidante en su consentimiento, y  solicita además que se “condene a las demandadas para que procedan a retirar de los préstamos hipotecarios de las demandantes la Cláusula denominada “instrumento de cobertura de interés”, denominadas comúnmente como Cláusula suelo” (sic, página 24 de los autos); y en su escrito de 17 de diciembre de 2.015, renuncia parcialmente al cobro de las cantidades por ella consideradas indebidas desde el momento de la celebración del contrato, interesando “la condena a la entidad bancaria a la devolución de las cantidades cobradas indebidamente desde 9 de mayo de 2.013” (sic, página 118 de los autos).

 

   Todo ello más los intereses legales correspondientes y las costas del procedimiento a la parte demandada.

 

  SEGUNDO.- La entidad Ibercaja Banco S.A., tras asumir la integración en su organización  de la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón (documentos 2 y 3 de la contestación), y reconocer la existencia del contrato de préstamo con garantía hipotecaria objeto de las presentes actuaciones, se opone a la demanda por los siguientes motivos:

 

    En primer lugar, destaca que el contrato se firmó el  27 de marzo de 2.008, con lo que la acción de nulidad habría caducado, puesto que el art. 1.301 del C.C. la fija en 4 años.

 

    En segundo lugar,  defiende que en toda su actuación, y desde la fase precontractual, obró con total transparencia, poniendo a disposición de sus clientes toda la información necesaria, y de manera clara y precisa, de manera que no se generaran dudas de ningún tipo al realizar la lectura de la misma. Además, señala que Doña Pilar Sama Royes firmó, en fecha 5 de marzo de 2.008, una oferta vinculante (página 92 de los autos).

 

  En tercer lugar, se opone a que el efecto de un hipotética nulidad conlleve la devolución de las cantidades percibidas por la entidad bancaria, señalando que la STS de 9 de mayo de 2.013 deniega la eficacia retroactiva y que permite la moderación en aras de los principios de seguridad jurídica, si está en juego el interés económico general.

 

  Por todo ello interesa que se desestime íntegramente la demanda, con expresa imposición de costas a la parte actora.

 

  TERCERO.- Antes de entrar en la ratio decidendi se debe apreciar que Ibercaja Banco S.A. se ha fusionado por absorción con el Banco Grupo Caja 3 S.A.U., que a su vez asumió en bloque y por sucesión universal la totalidad de elementos patrimoniales de la Caja de Ahorros Inmaculada de Aragón, entidad que concertó el contrato de préstamo hipotecario, (documentos 2 y 3 de la contestación a la demanda) con lo que los pronunciamientos relativos a la parte demandada deben tener en cuenta únicamente la existencia de Ibercaja Banco S.A., como sucesora,  antes del juicio, de todos los activos y pasivos patrimoniales de la Caja de Ahorros Inmaculada de Aragón.

 

    Pues bien, la   primera cuestión controvertida en el presente caso es la de la caducidad de la acción, planteada por la parte demandada en su escrito de contestación.  Sin duda, el momento de la consumación del contrato en los contratos bancarios que ofertaron productos complejos no era hasta hace  unos años  una cuestión pacífica entre las distintas Audiencias Provinciales. Sin embargo, el Tribunal Supremo, ya en su Sentencia 569/2003, de 11 de junio, establecía lo siguiente: “Dispone el art. 1301 del Código Civil que en los casos de error , o dolo, o falsedad de la causa, el plazo de cuatro años, empezará a correr, desde la consumación del contrato, norma a la que ha de estarse de acuerdo con el art. 1969 del citado Código . En orden a cuando se produce la consumación del contrato, dice la sentencia de 11 de julio de 1984 que «es de tener en cuenta que aunque ciertamente el cómputo para el posible ejercicio de la acción de nulidad del contrato de compraventa, con más precisión por anulabilidad, pretendida por intimidación, dolo o error se produce a partir de la consumación del contrato, o sea, hasta la realización de todas las obligaciones (Sentencias, entre otras, de 24 de junio de 1897 y 20 de febrero de 1928 ), y la sentencia de 27 de marzo de 1989 precisa que «el art. 1301 del Código Civil  señala que en los casos de error o dolo la acción de nulidad del contrato empezará a correr «desde la consumación del contrato». Este momento de la «consumación» no puede confundirse con el de la perfección del contrato, sino que sólo tiene lugar, como acertadamente entendieron ambas sentencias de instancia, cuando están completamente cumplidas las prestaciones de ambas partes, criterio que se manifiesta igualmente en la sentencia de 5 de mayo de 1983 cuando dice, «en el supuesto de entender que no obstante la entrega de la cosa por los vendedores el contrato de 8 de junio de 1955, al aplazarse en parte el pago del precio, no se había consumado en la integridad de los vínculos obligacionales que generó....». Así en supuestos concretos de contratos de tracto sucesivo se ha manifestado la jurisprudencia de esta Sala; la sentencia de 24 de junio de 1897 afirmó que «el término para impugnar el consentimiento prestado por error en liquidaciones parciales de un préstamo no empieza a correr hasta que aquél ha sido satisfecho por completo», y la sentencia de 20 de febrero de 1928 dijo que «la acción para pedir la nulidad por dolo de un contrato de sociedad no comienza a contarse hasta la consumación del contrato, o sea hasta que transcurra el plazo durante el cual se concertó”.

 

  Pero la cuestión sobre qué debe entenderse por “consumación” en este tipo de contratos ha quedado definitivamente zanjada con una claridad meridiana en la reciente Sentencia del Pleno de 12 de enero de 2.015, rec. 2290/2012, Ponente Don Rafael Saraza Jimena: “El diccionario de la Real Academia de la Lengua establece como una de las acepciones del término "consumar" la de «ejecutar o dar cumplimiento a un contrato o a otro acto jurídico ». La noción de "consumación del contrato" que se utiliza en el precepto en cuestión ha de interpretarse buscando un equilibrio entre la seguridad jurídica que aconseja que la situación de eficacia claudicante que supone el vicio del consentimiento determinante de la nulidad no se prolongue indefinidamente, y la protección del contratante afectado por el vicio del consentimiento. No basta la perfección del contrato, es precisa la consumación para que se inicie el plazo de ejercicio de la acción.

  Se exige con ello una situación en la que se haya alcanzado la definitiva configuración de la situación jurídica resultante del contrato, situación en la que cobran pleno sentido los efectos restitutorios de la declaración de nulidad. Y además, al haberse alcanzado esta definitiva configuración, se posibilita que el contratante legitimado, mostrando una diligencia razonable, pueda haber tenido conocimiento del vicio del consentimiento, lo que no ocurriría con la mera perfección del contrato que se produce por la concurrencia del consentimiento de ambos contratantes.

  Al interpretar hoy el art. 1301 del Código Civil en relación a las acciones que persiguen la anulación de un contrato bancario o de inversión por concurrencia de vicio del consentimiento, no puede obviarse el criterio interpretativo relativo a «la realidad social del tiempo en que [las normas] han de ser aplicadas atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas», tal como establece el art. 3 del Código Civil.

  La redacción original del artículo 1301 del Código Civil, que data del año 1881, solo fue modificada en 1975 para suprimir la referencia a los « contratos hechos por mujer casada, sin licencia o autorización competente », quedando inalterado el resto delprecepto, y, en concreto, la consumación del contrato como momento inicial del plazo de ejercicio de la acción.

  La diferencia de complejidad entre las relaciones contractuales en las que a finales del siglo XIX podía producirse con más facilidad el error en el consentimiento, y los contratos bancarios, financieros y de inversión actuales, es considerable. Por ello, en casos como el que es objeto del recurso no puede interpretarse la "consumación del contrato" como si de un negocio jurídico simple se tratara. En la fecha en que el art. 1301 del Código Civil fue redactado, la escasa complejidad que, por lo general, caracterizaba los contratos permitía que el contratante aquejado del vicio del consentimiento, con un mínimo de diligencia, pudiera conocer el error padecido en un momento más temprano del desarrollo de la relación contractual. Pero en el espíritu y la finalidad de la norma se encontraba el cumplimiento del tradicional requisito de la "actio nata", conforme al cual el cómputo del plazo de ejercicio de la acción, salvo expresa disposición que establezca lo contrario, no puede empezar a computarse al menos hasta que se tiene o puede tenerse cabal y completo conocimiento de la causa que justifica el ejercicio de la acción. Tal principio se halla recogido actualmente en los principios de Derecho europeo de los contratos (art. 4:113).

  En definitiva, no puede privarse de la acción a quien no ha podido ejercitarla por causa que no le es imputable, como es el desconocimiento de los elementos determinantes de la existencia del error en el consentimiento.”

  Por ello, en relaciones contractuales complejas como son con frecuencia las derivadas de contratos bancarios, financieros o de inversión, la consumación del contrato, a efectos de determinar el momento inicial del plazo de ejercicio de la acción de anulación del contrato por error o dolo, no puede quedar fijada antes de que el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo. El día inicial del plazo de ejercicio de la acción será, por tanto, el de suspensión de las liquidaciones de beneficios o de devengo de intereses, el de aplicación de medidas de gestión de instrumentos híbridos acordadas por el FROB, o, en general, otro evento similar que permita la comprensión real de las características y riesgos del producto complejo adquirido por medio de un consentimiento viciado por el error.”

    En el presente caso, la acción de nulidad no se encuentra caducada, puesto que el devengo de las cuotas con la inserción de la citada cláusula suelo-techo se ha venido produciendo hasta el momento de la suspensión cautelar operada  en el presente procedimiento,  y solo hasta ese momento la parte actora ha podido conocer la trascendencia económica de la citada cláusula. En este sentido, y conforme a la citada jurisprudencia, no cabe entender como caducada la acción de nulidad planteada por la actora.

  CUARTO.- En segundo lugar, como se objetiva de la propia lectura del contrato de préstamo con garantía hipotecaria (documento 1 de la demanda), estamos ante una cláusula predispuesta (previamente redactada antes de negociar cada contrato concreto al que luego se va a incorporar), destinada a servir para una pluralidad de contratos (vocación de generalidad tendente a disciplinar de modo uniforme diversos contratos) y cuya incorporación ha sido impuesta por una parte (por iniciativa exclusiva del predisponente) a la otra adherente (que o se pliega a la misma o tiene que renunciar a contratar).El Tribunal Supremo, en Sentencia de 18 de junio de 2.012, ha señalado que la imposición de cláusulas o condiciones generales por el empresario a los consumidores “no comporta su ilicitud. Se trata de un mecanismo de contratar propio de la contratación en masa, ante la imposibilidad y los costes de mantener diálogos individualizado.”La Sentencia del Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo,  de 9 de mayo de 2.013, ha zanjado también una importante controversia al señalar que las cláusulas suelo, en la medida en que forman parte inescindible del precio que debe pagar el prestatario, deben entenderse referidas al objeto principal del contrato, ya que cumplen una función definitoria esencial. El problema estribará, entonces, en el grado de control que la ley articula en tal caso, donde están en juego, por un lado, los intereses del empresario -al amparo del principio de libertad de empresa en el marco de una economía de mercado (artículo 38 de la CE)-, y, por otro, la defensa de los consumidores y usuarios (artículo 51 de la CE).

  La S.A.P. de Granada, Sección 3ª, de 23 de mayo de 2.014, ha establecido que dichas condiciones generales de contratación están sometidas a un doble control de transparencia: 1º) superar el filtro de incorporación o de consideración de las mismas como incluidas en el contrato (artículos 5.5 y 7 de la LCGC), lo que se entenderá cumplido si las cláusulas son claras, concretas y sencillas y el adherente ha tenido oportunidad real de conocerlas de manera completa al tiempo de celebrar el contrato y no son ilegibles, ambiguas, oscuras o incomprensibles; y 2º) superar, además, una vez que puedan considerarse cumplidos los requisitos de incorporación a los contratos con consumidores, el control de transparencia, sobre la comprensibilidad real de la importancia de la cláusula en el desarrollo del contrato, lo que supone que podrá ser considerada abusiva la condición general si se llegase a la conclusión de que el consumidor no ha percibido que se trataba de una previsión principal, que iba a incidir en el contenido de su obligación de pago, o no se le ha permitido un conocimiento real y razonablemente completo de cómo aquélla puede jugar en la economía del contrato, resultando indispensable que se garantice que el consumidor dispone de la información necesaria para poder tomar su decisión con pleno conocimiento de causa. Este examen debe realizarse tomando en cuenta, incluso, el contexto en el que se enmarca la cláusula.”

 

    En el presente caso, se debe apreciar que la citada cláusula aparece redactada de forma clara y comprensible, por lo que el  primer control de inclusión en el contrato debe entenderse cumplido. Sin embargo, es necesario además  que el consumidor tenga un conocimiento del alcance real de la trascendencia de lo pactado al tiempo de celebrar el contrato, tanto de la carga económica (la onerosidad o sacrificio patrimonial  que puede suponer para él el contrato celebrado) como de la carga jurídica (la definición clara de su posición jurídica tanto en los presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo). Y para efectuar este segundo control de transparencia, el Tribunal Supremo nos señala diversos criterios que serían reveladores de falta de transparencia de las cláusulas suelo/techo. En concreto:

   

  A) La creación de la apariencia de un contrato de préstamo a interés variable en el que las oscilaciones a la baja del índice de referencia repercutirán en una disminución del precio del dinero, que se revelaría como engañosa al desplazar el foco de atención del consumidor, cuando en realidad se estaría tratando de una operación con un interés mínimo fijo que difícilmente se beneficiaría de las bajadas del tipo de referencia (el tipo nominalmente variable al alza y a la baja sería, en realidad, exclusivamente variable al alza);

   

    B) la falta de información suficiente de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato, pues cuando las entidades les dan un tratamiento impropiamente secundario el consumidor no percibe su verdadera relevancia;

   

    C) la creación de la apariencia de que el suelo tiene como contraprestación inescindible la fijación de un techo (o tipo máximo de interés), pues la oferta conjunta de ambos puede servir de señuelo que obstaculiza el análisis del impacto de la cláusula suelo en el contrato;

   

    D) su ubicación entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor;

   

    E) la ausencia de simulaciones de escenarios diversos, relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar, en fase precontractual;

   

    F) la inexistencia de advertencia previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otros productos de la propia entidad.

 

    Y es en este segundo control de transparencia donde, a tenor de la prueba practicada en el acto del juicio, se desprende una insuficiencia de información por la parte predisponente, que dio lugar a que la parte consumidora no estuviera en condiciones de poder tomar su decisión con pleno conocimiento de causa, como exige la STS de 9 de mayo de 2.013 (punto 213).

 

    En primer lugar, se debe apreciar que no se realizaron simulaciones con el Euribor a la baja o en una situación similar a la que actualmente se encuentra. Doña Pilar Sama Royes negó tajantemente que le hubieran realizado una simulación del comportamiento de la cita cláusula suelo con escenarios del Euribor a la baja o al alza. Don José Agustín Cortés Artigas, director de la sucursal de Fraga, señaló que no recordaba que se le hubieran hecho dichas simulaciones a la Sra. Sama, que Don Baltasar Sánchez Sánchez apenas intervino en las negociaciones previas, y que en ningún caso se contempló un escenario del Euribor como el actual.

 

    En segundo lugar, se debe objetivar que la cláusula suelo no está visiblemente diferenciada, ni destacada,  apareciendo al cabo de tres páginas dentro de la cláusula referida al interés remuneratorio, y que aparece como un “instrumento de cobertura”. De todo ello se desprende que a la cláusula suelo se le dio un tratamiento secundario, pues estaba insertada entre una amalgama de datos  económicos y jurídicos  que diluyeron la atención de los clientes, los cuales, por otra parte, tampoco eran licenciados, como destacó el Sr. Sánchez, dedicándose a la agricultura y al sector servicios. Es decir, un elemento esencial del contrato aparece en el mismo con una mera referencia, y ello dificulta la identificación de una condición que aisladamente resultaría clara. Doña Pilar Sama Royes destacó que nadie les explicó, ni a ella, ni a su marido, la existencia y comportamiento de la citada cláusula suelo, que no les ofrecieron folletos explicativos del funcionamiento de la misma, y que incluso cuando ya se encontraban ante el Notario para firmar, la lectura del contrato se hizo a toda velocidad, en menos  de quince minutos.

 

  La entidad bancaria no obstante alega que la Sra. Sama firmó la oferta vinculante aportada a las actuaciones por la demandante (páginas 91 y 92 de los autos), y que era conocedora de la citada cláusula. En la fecha de suscripción del préstamo  por  la parte actora, 27 de marzo de 2.008,  estaba en vigor la Orden de 5 de mayo de 1994 sobre Transparencia de las Condiciones Financieras de los Préstamos Hipotecarios. Dicha orden establecía en su artículo 3 la obligación de las entidades de crédito de proporcionar un folleto informativo a quienes solicitasen préstamos hipotecarios, cuyo contenido mínimo sería  el establecido en el anexo 1 de dicha norma. Prestación  que, no obstante,  no  ha quedado demostrada en este caso, teniendo la entidad financiera la carga probatoria al respecto. Por otra parte, el artículo 5 regulaba la denominada oferta vinculante, la cual debía especificar, en su mismo orden, “las condiciones financieras correspondientes a las cláusulas financieras señaladas en el anexo II de esta Orden para la escritura de préstamo”. La oferta debería ser firmada por el representante de la entidad y, salvo que mediasen circunstancias extraordinarias o no imputables a la entidad, tendría un plazo de validez no inferior a diez días hábiles desde su fecha de entrega. En este caso se debe objetivar que, por un lado, la oferta vinculante había perdido su validez, al haber sido remitida el 5 de marzo de 2.008 (página 91 de los autos), y únicamente fue  firmada por uno de los consumidores. Pero es que además el citado documento tampoco reúne los requisitos de precisión y comprensibilidad exigibles para  este tipo de contratos: La cláusula de “instrumento de cobertura de tipo de interés”, apenas legible en el apartado 7 (página 92 de los autos), no advierte de la trascendencia económica  y jurídica que puede tener la cláusula suelo, limitándose, en la página 91,  entre una miscelánea de términos económicos y  sin estar claramente diferenciada, a establecer cuantitativamente  los dos límites mínimos y máximos del interés remuneratorio. Como establece  la S.T.S. 464/2014, de 8 de septiembre de 2014, en un supuesto de similares características: "El citado documento (la oferta vinculante)  sigue el mismo esquema formal de las escrituras públicas analizadas en donde la cláusula suelo, referida a un "tipo mínimo anual", queda encuadrada en el apartado correspondientemente rubricado con referencia excluida al "tipo de interés variable" sin mayor precisión y comprensibilidad de su alcance o relevancia y en un contexto caracterizado por la abundancia de datos y formulaciones bancarias, ausente, por otra parte, de simulaciones de escenarios diversos relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés mínimo en el momento de la contratación; criterios, todos ellos, tenidos en cuenta por esta Sala en el caso similar que dio lugar a la Sentencia de 9 de mayo de 2013 ".

 

  En tercer lugar, tampoco consta que se diera una información clara y comprensible sobre el coste comparativo del préstamo con otros productos de la propia entidad en los que no se incluyeran tales límites.

 

    En consecuencia, de la prueba practicada en juicio ha quedado demostrado que por parte de la entidad financiera predisponente no se respetó el control de transparencia a que estaba obligada, y que ello ocasionó un desequilibrio importante y contrario a la buena fe en los derechos y obligaciones que el contrato establecía para ambas partes, puesto que el índice Euribor siguió evolucionando a la baja, y los consumidores no se encontraron en condiciones de calibrar, en el momento de la firma del contrato, que con la existencia de dicha cláusula suelo podían pagar mucho  más por los intereses remuneratorios. Por todo ello, se debe apreciar la nulidad de la citada cláusula, al amparo del  artículo 82.1 de la Ley General para la defensa de Consumidores y Usuarios.

 

  Con arreglo al art. 6.1 de la Directiva 93/13 y del art. 83 TRLGDCU, la apreciación del carácter abusivo de una cláusula comporta su nulidad de pleno derecho, y, por tanto, su expulsión del contrato de préstamo, sin que proceda moderación ni integración de ninguna clase, de manera que bajo ningún concepto pueda vincular al deudor. No cabe, por tanto, una condena a la entidad bancaria sucesora a “retirar de los préstamos hipotecarios” (sic, página 24 de los autos) la citada cláusula, puesto que los efectos de la nulidad determinan que dicha cláusula simplemente queda expulsada automáticamente del contrato y se tiene por no puesta. En consecuencia, dicha pretensión se debe desestimar, puesto que la existencia de dicha cláusula no depende de la voluntad de una de las partes, sino que queda directamente anulada ope legis.

   

  En definitiva, se debe declarar la nulidad de la cláusula suelo/techo incorporada al contrato de préstamo de 27 de marzo de 2.008 (documento 1 de la demanda, páginas 36 y 37 de los autos), y que textualmente establece:  “Instrumento de cobertura de tipo de interés: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo decimonoveno del R.D. 2/2003, de 25 de abril, sobre medidas de reforma económica, la CAJA ha ofrecido al prestatario los instrumentos de cobertura del riesgo de incremento de tipo de interés de los que actualmente dispone, habiendo optado el prestatario por contratar un instrumento de cobertura consistente en el establecimiento de límites de variabilidad del tipo de interés remuneratorio acordado en la presente escritura. A estos efectos, se fija el tipo de interés máximo en el 10’25  por ciento nominal anual y el tipo de interés mínimo en el 4’00 por ciento nominal anual. En consecuencia, los intereses remuneratorios del presente préstamo no podrán liquidarse a un tipo de interés superior o inferior a los tipos máximo o mínimo anteriormente indicados.”  

 

  QUINTO.- Por otra parte la parte actora solicitaba inicialmente  la restitución de las cantidades que se hubieran cobrado en exceso desde el inicio de la vigencia del contrato. O, alternativamente, que se condenara a las entidades demandadas a reducir tales cantidades del capital principal objeto del préstamo. Con posterioridad, la parte actora presentó el 17 de diciembre de 2.015 escrito renunciando parcialmente al cobro de las cantidades por ella consideradas indebidas desde el momento de la celebración del contrato, interesando “la condena a la entidad bancaria a la devolución de las cantidades cobradas indebidamente desde 9 de mayo de 2.013” (sic, página 118 de los autos).

 

  Recientemente se ha dictado por el Tribunal Supremo, en Sentencia de Pleno de la Sala 1ª, de 25 de marzo de 2.015, la siguiente doctrina jurisprudencial: “Se fija como doctrina: "Que cuando en aplicación de la doctrina fijada en la sentencia de Pleno de 9 de mayo de 2013, ratificada por la de 16 de julio de 2014, Rc. 1217/2013 y la de 24 de marzo de 2015, Rc. 1765/2013 se declare abusiva y, por ende, nula la denominada cláusula suelo inserta en un contrato de préstamo con tipo de interés variable, procederá la restitución al prestatario de los intereses que hubiese pagado en aplicación de dicha cláusula a partir de la fecha de publicación de la sentencia de 9 de mayo de 2013".

 

    En consecuencia, y a tenor de lo solicitado por la parte actora, al estimarse la acción de nulidad de la citada cláusula planteada, se condena a la entidad Ibercaja Banco S.A. a la devolución a la parte actora de  las cantidades cobradas en aplicación de la citada cláusula suelo, desde la fecha de publicación de la S.T.S. de 9 de mayo de 2.013, más el interés legal correspondiente.  

 

  SEXTO.- Resulta de aplicación el artículo 394.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: “Si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad.” Por lo tanto, al no apreciarse temeridad en ninguna de las partes, y estimarse parcialmente las pretensiones de la actora, cada parte deberá pagar las costas causadas a su instancia, y las comunes, por mitad.

Vistos los citados preceptos legales y demás generales y de pertinente aplicación:



FALLO

 

  QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO parcialmente  la demanda presentada por el procurador Don Gonzalo Arranz Ballesteros,  en nombre y representación de Don Baltasar Sánchez Sánchez y Doña Pilar Isabel Sama Royes, y en consecuencia declaro la nulidad de la cláusula suelo/techo inserta en el contrato de préstamo hipotecario de fecha 27 de marzo de 2.008 (documento 1 de la demanda, páginas 36 y 37 de los autos, y que textualmente establece: “Instrumento de cobertura de tipo de interés: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo decimonoveno del R.D. 2/2003, de 25 de abril, sobre medidas de reforma económica, la CAJA ha ofrecido al prestatario los instrumentos de cobertura del riesgo de incremento de tipo de interés de los que actualmente dispone, habiendo optado el prestatario por contratar un instrumento de cobertura consistente en el establecimiento de límites de variabilidad del tipo de interés remuneratorio acordado en la presente escritura. A estos efectos, se fija el tipo de interés máximo en el 10’25  por ciento nominal anual y el tipo de interés mínimo en el 4’00 por ciento nominal anual. En consecuencia, los intereses remuneratorios del presente préstamo no podrán liquidarse a un tipo de interés superior o inferior a los tipos máximo o mínimo anteriormente indicados”); y condeno a Ibercaja Banco S.A. (como sucesora de Caja de Ahorros Inmaculada de Aragón) a devolver a la parte actora las cuantías cobradas indebidamente por aplicación de dicha cláusula suelo desde el 9 de mayo de 2.013, más los intereses legales correspondientes; desestimando el resto de pretensiones planteadas por la parte actora.

 

  Cada parte abonará las costas causadas a su instancia, y las comunes, por mitad.




    Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que contra la presente cabe recurso de apelación, a presentar en el plazo de 20 días desde su notificación,  para/ante la Ilma. Audiencia Provincial de Huesca,  conforme a lo establecido en los artículos 455 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.



  Así  la pronuncia, manda y firma:






Don José María Galindo Clarimón, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 2 de Fraga y su Partido Judicial. Doy Fe.













PUBLICACION.-Dada, leida y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.